Ayer, 12 años de la muerte de Juan José Gerardi

Juan José Gerardi Conedera (27 de diciembre de 1922 – 26 de abril de 1998), fue un obispo guatemalteco de la Iglesia Católica, además de ser defensor férreo de los Derechos Humanos. Descendiente de italianos, nació en la ciudad de Guatemala, el 27 de diciembre de 1922. Estudió en el seminario de la ciudad y ganó una beca para estudiar teología en Nueva Orleáns, Estados Unidos. En diciembre de 1946 fue ordenado sacerdote y sirvió en varias áreas rurales de Guatemala, como Jalapa, San Pedro Sacatepéquez y Palencia, así como en la región de la ciudad capital.

En 1967 fue electo obispo de la diócesis de Verapaz, lugar marcado por la pobreza y la exclusión social de los indígenas, residiendo en la ciudad de Cobán, la tercera del país. En el cargo episcopal, él enfatizó los trabajos pastorales entre la población indígena maya de etnia q'eqchi. Aun, impartió misa en el idioma vernáculo de las comunidades de la diócesis, algo inusitado en la cultura de preponderancia caucásica del país.
En la década de 1970 y a pesar de la para entonces progresiva guerra civil, él fue uno de los más acérrimos apologistas del reconocimiento oficial de los idiomas mayas de Guatemala y a la vez, su influencia permitió el establecimiento de dos emisoras de radio en lenguas mayas. Más tarde, en compañía de los padres benedictinos, creó el centro San Benito de promoción humana, que condujo a la transformación de muchos campesinos e indígenas en líderes de sus comunidades. El obispo fue trasladado en 1974 a la diócesis de El Quiché, pero continuó trabajando como Administrador Apostólico en las Verapaces. En los primeros años de la década de los ochenta, El Quiché vio índices de violencia acentuados en el conflicto entre el ejército de Guatemala y varias grupos armados de subversivos, registrándose crímenes masivos que incluso, se determinarían en años posteriores como genocidio. Cientos de catequistas católicos y dirigentes cristianos de pueblos y aldeas fueron brutalmente asesinados, la mayoría de los cuales pertenecían a etnias mayas.

Gerardi solicitó repetidamente a las fuerzas militares que controlaran sus acciones, y sobre todo, que cesaran los actos de represión y crímenes en contra de la población civil. Su protesta se extremó tras una matanza de indígenas que soldados cometieron en Alta Verapaz. Mientras sirvió en la Conferencia de Obispos de Guatemala, habló abiertamente acerca de la quema de la embajada de España en Guatemala, donde 39 personas murieron calcinadas con la aparente participación culposa del Estado de Guatemala.

Sería durante el episcopado en Quiché que el clérigo recibiría múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Ante la gravedad de las amenazas y los asesinatos de sacerdotes en la zona, decidió trasladarse a la ciudad de Guatemala, llegándose a considerar la clausura temporal de la diócesis. En 1980, monseñor Juan Gerardi fue llamado al Vaticano para asistir a un sínodo. A su regreso, se le prohibe el ingreso al país, por lo que viaja a San Salvador, en donde no le dan asilo, y finalmente a Costa Rica, desde donde siguió siendo el Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Al ser depuesto por un golpe de Estado el dictador militar Romeo Lucas García en 1982, Gerardi pudo regresar a Guatemala. El 28 de agosto de 1984 se le nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala y párroco de San Sebastián en la ciudad de Guatemala.

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala delegó a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño y a Monseñor Juan Gerardi para participar en la Comisión Nacional de Reconciliación. Llevó adelante la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, (ODHAG), que se preocupa hasta hoy de las víctimas de la violencia y cualquier violación a los derechos humanos. En este contexto, empezó el proyecto interdiocesano REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), al cual Monseñor Gerardi se dedicaba casi por completo, con la esperanza de conocer la verdad por medio de testimonios para que el pasado no se repitiera más, ya que estaba convencido de que la paz y la reconciliación se lograrían solamente conociendo la verdad. Con ánimo conciliador, organizó encuentros entre la insurgencia, el Gobierno y los sectores civiles. En ese contexto, Gerardi tomó como compromiso personal la compilación de investigaciones y testimonios para elaborar los reportes para la memoria histórica durante el período de dictadura militar, tras el final de la guerra civil y el establecimiento en 1996 de los Acuerdos de Paz.

El día 24 de abril de 1998, el REMHI fue presentado bajo el título "Guatemala: Nunca más". Geradi expresaría: "Pero entre las expectativas y nuestro compromiso también se encuentra la devolución de la memoria. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos etc., el papel de la memoria como un instrumento de reconstrucción social". Este reporte exponía testimonios y señalamiento de miles de testigos y víctimas de la represión de la tiranía militar y culpaba de la mayoría de atrocidades y hechos criminales al ejército de Guatemala. En las investigaciones se documentaron más de 54,000 violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1960-1996). La autoría de la mayoría de brutalidades, según pruebas fehacientes, incluidas masacres, torturas, violaciones, desapariciones forzadas, mutilaciones y otro crímenes, se le atribuyó a las fuerzas del Estado. En el reporte se dio cabida a miles de voces, testimonios recogidos en todo el país, fueron juntando los pedacitos de cuarenta años de memoria de represión: 150 mil guatemaltecos muertos, cincuenta mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, doscientos mil huérfanos, cuarenta mil viudas. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas; y en nueve de cada diez casos, la responsabilidad era del ejército o de sus bandas paramilitares.

El trabajo de recuperación histórica que Gerardi y su equipo realizaron fue fundamental en las labores posteriores de la "Comisión para el Esclarecimiento Histórico" (CEH), entidad auspiciada por la ONU, instalada en virtud de los Acuerdos de Paz de 1996. El informe "Guatemala: Nunca más" consta de cuatro tomos (1.400 páginas) que abordan los siguientes temas: 1) Los impactos individuales, familiares y comunitarios de la violencia, las formas de sobrevivencia y las demandas de las víctimas; 2) Los mecanismos del horror, cómo se hicieron las masacres, las torturas; los métodos que emplearon los aparatos de inteligencia y las fuerzas insurgentes y contra insurgentes contra la población; 3) El entorno histórico, es decir, el proceso político, económico y militar desde los años 50 hasta la firma de la paz; 4) Las víctimas del conflicto (nombres de las víctimas de las masacres, muertos, desaparecidos y torturados; estadísticas generales y recomendaciones). El proyecto se realizó entre abril de 1995 y abril de 1998, con la participación de 10 diócesis católicas y 600 animadores de la reconciliación.

La comisión de Naciones Unidas llegaría a conclusiones similares que el proyecto histórico que dirigió el obispo, responsabilizando al ejército de más del 90% de los crímenes perpetrados durante las cuatro décadas de confrontación política. Cuando la comisión internacional presentó su propio informe, Memoria del Silencio, en febrero de 1999, su coordinador, Christian Tomuschat, afirmó: "Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo profundo y complejo, que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos de esta nueva nación. Ocupa un primer plano en nuestra memoria, entre todos ellos, Monseñor Juan Gerardi Conedera".



Asesninato: Dos días después de la publicación del informe "Guatemala: Nunca más", el 26 de abril de 1998, [4] el obispo Gerardi fue brutalmente asesinado a golpes en el garage de la casa parroquial de San Sebastián, en la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron un bloque de concreto para destrozarle el cráneo, desfigurándole al punto que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró sólo tras el reconocimiento del anillo episcopal en su mano.

Los errores y la negligencia en la investigación empezaron en la escena del crimen: en las cintas de video aparece el fiscal examinando la presunta arma del delito sin guantes y caminando por los charcos de sangre que rodeaban el cadáver. Las muestras forenses se enviaron al laboratorio en frascos sin sellar. A finales de mayo, la ODHAG suministró un número de licencia de un vehículo registrado en una base militar, que había sido visto dando vueltas alrededor de la parroquia la noche del crimen, así como los nombres del general retirado Byron Lima Estrada y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva del EMP, que, según la ODHAG, estaban relacionados con el asesinato. Todos los registros del vehículo, curiosamente, desaparecieron días después de hacerse pública la información sobre éste. Una comisión oficial negó que el general retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima Oliva. Se inició una campaña flagrante de desinformación. El Gobierno disolvió en julio de 1998 la comisión oficial que se había establecido para esclarecer el crimen y cuyas acciones fueron patentemente parciales y poco objetivas, con la pretensión reiterativa de negar la participación de fuerzas del Estado en el asesinato.

Tras la muerte de monseñor Gerardi, miembros de la ODHAG fueron sometidos a vigilancia esporádica por parte de desconocidos y recibieron amenazas anónimas por teléfono. El 8 de junio del 2001, el poder judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Gerardi y responsabilizó, en calidad de autores mediatos, al coronel(r) Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército Obdulio Villanueva y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orantes Nájera. La escena del crimen del obispo Juan José Gerardi, que los investigadores encontraron el 26 de abril de 1998, fue alterada por dos militares para desviar la investigación, según relató un testigo que durante dos años fue pagado por el Ejército para vigilar al prelado. Rubén Chanax Sontay (en realidad, un agente del ejército), de 28 años, quien se hacía pasar como indigente para pernoctar todas las noches en la entrada de la casa parroquial de Gerardi, declaró en la causa contra los tres militares. Chanax, cuya declaración resultó la más contundente en contra de los militares acusados, custodiado por cinco guardas armados y protegido por un chaleco antibalas, declaró durante cuatro horas ante el tribunal. Allí dijo que fue contratado por Lima Estrada para vigilar a Gerardi: "Me ordenaron que entrara al parqueo de la casa parroquial. Allí estaba monseñor Gerardi tirado en el suelo. Me ordenaron que arrastrara el cadáver y lo cambiara de posición. Luego Villanueva me dijo que llevara papel periódico para limpiar el piso", dijo. Los jueces y fiscales involucrados tuvieron que exiliarse debido a las amenazas constantes. Aun, un helicóptero solía hostigar la casa de una jueza del tribunal, que sufrió atentado con granadas de fragmentación.

El fallo judicial dejó abierto el curso para procesar penalmente a los miembros de la cadena de mando del Estado Mayor Presidencial activa en abril de 1998. La sentencia en primera instancia, acogida con aprobación tanto nacional como internacionalmente, fue considerada un importante hito en el proceso de fortalecimiento del estado de derecho y en la lucha contra la impunidad, pues fue la primer sentencia contra elementos castrenses en un tribunal civil en la historia del país. Los condenados solicitaron en el año 2010 la rendición judicial de penas, denegándolo la judicatura pertinente.

El escritor estadounidense Francisco Goldman publicó en el año 2008 el libro "The art of political murder" acerca de la muerte del obispo Gerardi, que ha sido considerado el texto más rigurosamente fundamentado sobre el asesinato y que confirma la participación del ex Estado Mayor Presidencial y la inteligencia militar en los hechos, con pruebas fehacientas. El proceso de investigación continúa abierto en la fiscalia guatemalteca.

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